situación actual de los tribunales en españa
La situación de los Tribunales en España es simplemente trágica. No puede describirse de otra manera.
Todos los operadores jurídicos llevamos años denunciando los retrasos e inoperancias por falta de la debida financiación y el escaso personal. Pero hay mucho más detrás porque, aunque se nos ha vendido la digitalización de la Justicia a golpe de letra de la Ley, lo cierto es que, se sigue solicitando papel, duplicando así los tiempos y los trámites. Los procedimientos también deberían ser reformados, eliminando pasos inútiles. Debería analizarse la carga de cada Juzgado y crear nuevas plazas de juez y más plazas de funcionarios de justicia. Y así un largo etc. que llevamos años intentando hacer llegar a la ciudadanía. Solo el ciudadano que se ve obligado a acudir a la Justicia conoce cuál es el estado real de los Tribunales.
Si existe un momento crítico en el que la Administración de Justicia comenzó un descenso hacia los abismos ese fue la pandemia, donde los Juzgados empezaron a acumular retrasos triplicando los hasta entonces ya larguísimos plazos de resolución. Nunca nos recuperamos de aquello.
En 2022, un informe elaborado por Sigma Dos calculó el impacto económico que tiene el retraso de los tribunales a la hora de ejecutar sentencias, se calculó que 11.000 millones de euros se quedaron durante ese año paralizados en los tribunales a la espera de ser repartidos. Y ojo, la ejecución es la última de las fases por delante han podido pasar entre 3 y 5 años.
Lejos de designar más presupuesto para dotar de más Jueces, más funcionarios y mejor formados, implementar un sistema de objetivos para estos últimos y una mejora real del sistema informático, se le da la puntilla definitiva a nuestro sistema con la “Ley Orgánica 1/2025 establece reformas para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia mediante la reorganización judicial y la introducción de medios adecuados de solución de controversias”.
Esta ley que además no ha sido dotada de medios económicos ha introducido tal caos en los Tribunales que es imposible calcular en este momento qué tiempos se necesitarán para resolver los procedimientos. Pero sí sabemos algo, que será mucho, muchísimo más de lo tolerable.
Funcionarios que no saben dónde está su nueva ubicación, expedientes de procedimientos acumulados en cajas sine die esperando su destino definitivo (y por lo tanto, sin tramitarse), Jueces y Letrados de la Administración de Justicia vagando por los pasillos buscando sus funcionarios, expedientes… Procuradores y letrados, guiándose por carteles improvisados y planos proporcionados por los colegios profesionales para orientarse, componiendo rompecabezas y peregrinando de Juzgado en Juzgado hasta encontrar quién lleva ahora (o quién llevará cuando consigan aclararse) los asuntos de sus clientes.
¿Y respecto al Requisito de Procedibilidad? ¡Qué pena de oportunidad perdida! Una mal diseño de la ley así como el hecho de haber incluido en la propia ley la “reorganización” de la justicia hace que muchos ciudadanos piensen que es el requisito de procedibilidad el problema cuando, en realidad, se les está dando la oportunidad de no entrar en ese agujero sin fondo que lamentablemente es ahora nuestro sistema de justicia y además lograr una solución a medida a un problema, el suyo, que es único y al que por tanto una solución estándar, aun en una administración de justicia ideal (que no existe), no satisfaría realmente sus necesidades.
Pero estamos donde estamos y, mientras exigimos que todo esto cambie y que se reúna a los operadores jurídicos para hacer una reforma eficaz y real del sistema de justicia así como que exijamos que se hagan campañas públicas para concienciar a la ciudadanía de que hay métodos alternativos que pueden dar una solución adecuada, ágil y económica a su asunto, aprovechemos esa obligatoriedad de acudir a un medio alternativo que nos sea útil y nos evite el actual viacrucis.
No lo decimos solo nosotros, los jueces también:
